La Corte Penal Internacional (CPI) tiene una oscura mancha en su historial. Fatou Bensouda se convirtió en el búnker del chavismo en materia de Derechos Humanos. La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó un «vago e impreciso» informe anual sobre las actividades de los exámenes preliminares en el caso de los crímenes de lesa humanidad realizados por el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.
El pobre informe publicado proporciona un resumen del estado de cada situación bajo examen preliminar, incluidos los análisis actuales de la Oficina con respecto a cuestiones de jurisdicción y admisibilidad, así como las actividades llevadas a cabo por la Fiscalía en 2019 para avanzar en este trabajo. Sin embargo, cuenta con unas evidentes carencias.
“Dicho informe es absolutamente impreciso, inconsistente, carente de rigor y divorciado de los hechos ocurridos en el país, y en algunos de sus párrafos se llega a insinuar que el conflicto a que han estado sometidos los venezolanos tiene un carácter político, en el que existen dos bandos que han actuado violentamente y se han causado víctimas el uno al otro”, apunta el abogado William Cárdenas, quien ha sido uno de los grandes impulsores de la lucha legal internacional por la sanción de los crímenes de lesa humanidad.
En esta línea, precisa a Periodista Digital América (PD América) que «tal sesgo emitido por un órgano como la Fiscalía de la CPI, es inaceptable, se aparta de la verdad y de los hechos tal y como han ocurrido, pues se carece de la imparcialidad y objetividad con la que dicho órgano debería analizar las denuncias que le han sido presentadas, no sólo por particulares, sino por organismos internacionales especialistas en la defensa de los derechos humanos, como los Altos Comisionados de la ONU para los Derechos Humanos o los expertos que elaboraron el informe de la OEA«.
Cárdenas hace énfasis en que «después de hacer un recuento deficiente en lo que se denomina en el Informe como Historia Procesal, se adentra en unos supuestos Antecedentes Contextuales de donde podemos extraer los siguientes. Esto se puede apreciar al leer los párrafos signados con los números 64 y 67 en las que se reseñan manifestaciones de miles de opositores, así como otras de miles de “simpatizantes progubernamentales”, dejando entrever el carácter político del conflicto, excediendo el marco de competencia de esa Fiscalía»:
En el párrafo 67 puede leerse “los aliados al presidente Maduro ganaron los 545 escaños de la ANC”. De igual manera, en los párrafos 62-68-74 y 76, se da a entender que la violencia ha sido utilizada por ambos bandos: “
Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad supuestamente causaron docenas de muertes en ambos campos” Párrafo 62
“Además, se informó que algunos grupos de manifestantes anti9gubernamentales recurrieron a métodos violentos” Párrafo 69
“También se informó que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en la herida o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad” Párrafo 74
“..Mientras que 131 agentes de los cuerpos de seguridad resultaron heridos y, según los informes, un oficial fue asesinado” Párrafo 76
«Obviamente, estos conceptos contienen un marcada sesgo que se desvía del propósito y equilibrio que debe fundamentar un Informe de esta naturaleza, pues se evidencia un tendencioso ánimo de desdibujar la verdad de lo que ha ocurrido en el país», sentencia.
Más irregularidades
En la parte dedicada a lo que se denomina como Jurisdicción de la Materia, podemos igualmente encontrar elementos que mueven a profunda preocupación, pues «denotan una desinformación involuntaria o interesada de datos que consideramos fundamentales para esta investigación». De hecho, Cárdenas precisa que en el párrafo 70 puede leerse:
En el contexto de las protestas entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, al menos 70 personas fueron reportadas como asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad y/o progubernamental civiles armados presuntamente actuando en coordinación esporádica con las fuerzas de seguridad” Párrafo 70
«Esta afirmación no sólo revela una absoluta falta de información, que definitivamente no podemos atribuir a una negligente desinformación de la Fiscalía de la CPI, pues nosotros informamos y denunciamos oportunamente la muerte de más de 135 personas en aquel lapso de violencia que estremeció el país durante el año 2017. Por tal motivo, rechazamos y denunciamos que esta afirmación, colocada en un informe de esta naturaleza, lejos de ser un gazapo o una ingenuidad de un órgano que está debidamente informado de lo acontecido, omite maliciosa y voluntariamente parte de los hechos sucedidos para tratar de restar importancia a lo ocurrido, por no se sabe que inconfesables fines».
El abogado venezolano pone la lupa en que se utiliza la palabra “esporádica” para «disimular lo que ha sido una conducta de complicidad que está evidenciada en cientos de informaciones sobre la actuación sistemática, conjunta y generalizada, de ataques a la población civil por parte de los cuerpos de seguridad en coordinación con los grupos civiles progubernamentales armados». De la misma manera, se trata a los demás delitos que son objeto de supuesto análisis, al tratar la Privación de Libertad, se hace más hincapié en que los que han sido privados de libertad durante los años 2017, 2018 y 2019, en su gran mayoría han recibido la libertad plena o condicional, sin atender al hecho conculcador de los derechos humanos que entraña la privación arbitraria de la libertad.
Por el contrario, en el párrafo 77 se hace énfasis en lo siguiente:
“En general, la información sobre la duración de estas detenciones no estaba disponible” (…) “Según la información disponible desde 2014, de más de 15.000 personas arrestadas en el contexto de estos eventos, al menos 5.000 fueron presuntamente detenidas por un período de más de dos semanas” (…) “La Oficina también ha revisado la información relacionada con los casos de desaparición forzada, en relación con las personas presuntamente detenidas, pero con respecto al paradero y el destino, las autoridades se negaron a proporcionar información”.
«Estas afirmaciones genéricas e imprecisas, están impregnadas de incertidumbre, que podía haber sido subsanada con la visita de miembros de la Fiscalía a Venezuela, que hubieran podido indagar sobre la realidad y no producir en un Informe Anual unas afirmaciones de semejante e incomprensible vaguedad», explica Cárdenas.
Algo parecido ocurre con el delito de Tortura y Tratos Inhumanos, limitándose el informe a señalar un número indeterminado de entre 300 y 400 victimas. Respecto de los Delitos Sexuales se incurre en idéntica imprecisión en cuanto al número, precisándose que probablemente, esto ocurre por que pueden “..no se reportados debido al estigma social de las víctimas y otros factores sociales o culturales”. Y en relación al delito de Persecución, insistentemente denunciado como parte de la política sistemática y generalizada de ataque a la población civil por parte del régimen, en el párrafo 80, la Fiscal no se sonroja al concluir:
“Varias fuentes alegan además que las autoridades de Venezuela implementaron medidas destinadas a suprimir y castigar la expresión de puntos de vista disidentes, y atacaron a las victimas en razón de su oposición política real o percibida por el Gobierno” Párrafo 80
Cárdenas analiza que «así de lacónica es la oficina para resumir lo que ha sido una historia interminable de persecuciones, violaciones a los derechos humanos, vulneración al derecho de libertad de expresión y libertad de prensa, y las persecuciones adminiculadas a otros delitos contemplados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma». Una situación que se agrava cuando se conoce que «nada dice el Informe acerca del exterminio que hemos denunciado, al que está sometida una parte de la población venezolana por la violación intencional de alimentos y medicinas, ni nada de los 4 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, ni de las miles de ejecuciones extrajudiciales que han sido instrumento del control social para atemorizar a la sociedad, para mantener el poder y establecer el reino de la impunidad.
«Que lejos está La Haya de la verdad y que cerca parece estar de otros intereses que desconocemos, pero que nos hacen concluir en los peores pronósticos para este esfuerzo de tratar de obtener justicia alternativa para los víctimas de los crímenes ocurridos en Venezuela», sentencia el abogado venezolano a PD América.
La amistad con los narcos del chavismo
La fiscal cuenta con unas amistades peligrosas que ponen en duda su transparencia para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es importante recordar que Fatou Bensouda fue la ‘mano derecha’ del argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recibió 22 causas bien fundamentadas sin hacer ningún tipo de investigación. Una situación que se hizo aún más preocupante y evidente cuando salió a la luz que a Moreno Ocampo se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales. Bensouda posiblemente estuvo enterada de todo lo que el fiscal hacía, ya que su trabajo era muy cercano así como su relación personal.
A esto se suma que la fiscal Bensouda, quien emprenderá un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene muy cerca en su ámbito personal a Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente Económico de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos y se encuentra en la lista de los 10 hombres más buscados por su vinculación con el narcotráfico internacional. Unos cargos que, aunque son preocupantes e internacionalmente avalados, no ha supuesto un freno para que sigan manteniendo una relación de amistad entre la fiscal y Haifa El Aissami, quien es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.
Los vínculos de Fatou Bensouda han llevado a que en septiembre de 2019 el exdiputado venezolano Walter Márquez afirme que ella «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el régimen de Nicolás Maduro. Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional, estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para hablar sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.
El exdiputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el Gobierno de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró. La segunda queja de Márquez contra la jurista se basa en testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de Gambia, pues dos de sus testigos la han señalado como supuesta responsable de violaciones de derechos humanos en su etapa como fiscal general y ministra de Justicia del país africano, entre 1998 y 2000.
«Los objetivos son dos. Uno, que se aparte a Bensouda por ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por omisión y, dos, que se enjuicie a Maduro por ser el responsable directo personal como jefe de Estado, como jefe de Gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas», explicó.
