Sebastián Piñera está entregando el futuro político de Chile. El presidente ha firmado la reforma del capítulo 15 de la Constitución que permite iniciar un nuevo proceso constituyente, que comenzará con un referéndum el 26 de abril de 2020. Una nueva muestra de disposición para «retomar el valor de «la unidad, el diálogo y el respeto».
«La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Debemos evitar caer en un extenso catálogo de aspiraciones, y también evitar un exceso de reglamentaciones detalladas de todas las instituciones», ha apuntado el primer mandatario.
Sobre el referéndum de abril de 2020, el presidente chileno ha señalado que es «el primero en 30 años» y que debe servir para «dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días».
El mandatario ha sostenido también la importancia de condenar «en forma clara, categórica y permanente, y sin ninguna ambigüedad» todo tipo de violencia y de amenazas «porque eso solo envenena el alma de nuestro país».
En este sentido, ha señalado varios derechos que «deben estar consagrados» en una posible nueva carta magna, como por ejemplo, el derecho a la vida y el de establecer a la familia como pilar fundamental de la sociedad. Asimismo, ha enumerado una serie de principios que deberían quedar plasmados en la elaboración de una nueva Constitución, como el carácter de república democrática de Chile.
Piñera ha asegurado que el proceso constituyente no debe modificar las sanciones judiciales que estén en proceso, como tampoco anticipar el fin del periodo de parlamentarios. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, miembro del partido Democracia Cristiana, ha criticado que Piñera delimite las medidas que podrán ser parte de una posible nueva Constitución.
«Nadie puede arrogarse hoy día ni decir cómo va a ser la nueva Constitución, ni tampoco poner condiciones. Pero limitar a un catálogo determinado y no a otro, creo que no solamente estuvo de más, sino que más bien violenta un acto que debió ser 100 por ciento republicano», ha criticado Flores.
También ha asegurado que el presidente omitió la falta de voluntad del Gobierno ante el estallido social, ya que el nuevo proceso constituyente nace con el objetivo de reunificar al país después de nueve semanas de intensas protestas.
El Senado de Chile aprobó la semana pasada el proyecto de ley por el que se celebraría un referéndum constituyente en torno a la composición del organismo que estará encargado de la redacción de la nueva Constitución.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado con el rechazo de los particulares relativos a la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios e independientes.
La Asamblea Constitucional será la encargada de redactar la nueva Carta Magna del país, una concesión de Piñera a raíz de las movilizaciones antigubernamentales iniciadas en noviembre.
No es la primera entrega a los violentos
El Gobierno de Chile también envió un proyecto de ley al Congreso para subir el salario mínimo a 350.000 pesos (425 euros), desde los 301.000 actuales (365), en el marco de la ola de protestas por la desigualdad social.
El presidente, Sebastián Piñera, ha explicado que el incremento será para quienes tengan en estos momentos un ingreso de entre 301.000 y 350.000 pesos. «Van a recibir un aporte, una ayuda, un subsidio del Estado que les va a permitir que sus ingresos alcancen un mínimo de 350.000 pesos», ha indicado.
En Ejecutivo calcula que esto requerirá 306 millones de dólares de las cuentas públicas que «van a llegar directamente al bolsillo de 540.000 trabajadores». El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel ha indicado que el coste lo soportará el Estado porque subir el salario mínimo a cuenta de los empleadores les impediría seguir contratando. «Lo que queremos es cuidar el empleo».
Piñera ha formado el proyecto de ley en un acto celebrado en La Moneda acompañado de Sichel y de los ministros de Trabajo, María Saldívar, y Hacienda, Ignacio Briones. Ahora, deberá recibir el visto bueno del Congreso para quedar aprobado.
El Gobierno ha ideado una «agenda social» en respuesta a las protestas que estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente para denunciar la desigualdad. Ahora, manifestantes y oposición reclaman también una nueva Constitución.
Al menos 19 personas han muerto y más de mil han sido detenidas por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos por parte de carabineros y militares que Piñera ha prometido investigar.
