El dinero se mantenía en fideicomiso para la esposa del corrupto funcionario

Nueva Zelanda congela 17 millones de dólares ‘expoliados’ por el abogado de PDVSA

Nueva Zelanda congela 17 millones de dólares 'expoliados' por el abogado de PDVSA
Nicolás Maduro en PDVSA PD

Luis Carlos de León Pérez, quien era abogado de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fue arrestado en su casa de vacaciones en España en octubre de 2017 y extraditado a los Estados Unidos para enfrentar serios cargos de corrupción presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, su caso vuelve a salir a la luz debido a que la policía de Nueva Zelanda alega que su esposa envió 17 millones de dólares de dinero sucio a una firma de contabilidad de Hamilton.

Pérez y cuatro de sus compañeros fueron referidos como el “equipo de gestión” que supuestamente recibió 180 millones de dólares en sobornos. El propio letrado admitió haber recibido millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales de los contratistas para ganar tratos comerciales con la compañía petrolera, o asegurarse de pagar antes que otros contratistas cuando la crisis financiera de Venezuela amenazó con liquidar a PDVSA.

En marzo de 2019, los detectives de la Unidad de Recuperación de Activos en Waikato fueron alertados de una transferencia bancaria de 17.5 millones de dólares desde las Bahamas a una firma de contabilidad en Hamilton. El dinero se mantenía en fideicomiso para Andreina Gamez Rodríguez, la esposa de Pérez que vivía con él en España en el momento de su arresto.

Los activos han sido restringidos bajo la Ley de Recuperación de Activos Penales; un caso civil en el que un juez de la Corte Suprema puede otorgar la orden de congelación si hay “motivos razonables” para creer que alguien se ha beneficiado de una “actividad criminal significativa”.

En este caso, la policía alega que Gamez Rodríguez ha cometido lavado de dinero al traer 17.5 millones de dólares a Nueva Zelanda, que probablemente sean las ganancias criminales de la corrupción de su esposo.

Gamez Rodríguez, que ahora vive en Estados Unidos con su esposo que está en libertad bajo fianza, no ha sido acusada penalmente de lavado de dinero.

Pero los casos tomados bajo la Ley de Recuperación de Activos Criminales están determinados por el nivel civil de prueba, el “equilibrio de probabilidades”, en lugar del umbral de evidencia criminal mucho más alto de “más allá de toda duda razonable”.

En una audiencia reciente en el Tribunal Superior de Hamilton, afirmó que los fondos eran legítimos y que estaba separada de su esposo, en un intento por anular la orden de restricción.

Eñ juez Simon Moore emitió su decisión en rechazo a los argumentos de Rodríguez y dictaminó que los 17.5 millones de dólares permanecerán congelados bajo custodia.

Si los bienes incautados se perderán en última instancia ante la Corona se determinará en una audiencia posterior en el Tribunal Superior, ya sea mediante un juicio o un posible acuerdo de solución.

Por su parte, el sargento mayor detective Keith Kay, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos en Waikato, dijo que el caso civil contra Rodríguez muestra que la policía tomará medidas contra el producto del soborno y la corrupción extranjeros cuando supuestamente se encuentren dichos fondos en Nueva Zelanda.

“Este resultado también demuestra la importancia de que la policía de Nueva Zelanda trabaje en colaboración y en asociación con colegas extranjeros encargados de hacer cumplir la ley, y también la capacidad de nuestros investigadores para responder al supuesto lavado internacional de dinero”.

El caso es el último ejemplo de la policía probando sus poderes bajo la Ley de Recuperación de Activos Criminales, que entró en vigencia en 2009.

En el pasado, la ley se ha utilizado con mayor frecuencia para apoderarse de la riqueza acumulada por los traficantes de drogas, pero la policía ha empujado a un nuevo territorio en los últimos años.

También ha habido varios casos de alto perfil relacionados con acusaciones de irregularidades en otros países, en estrecha colaboración con los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley.

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