Un estudio de la Universidad de California, Davis, y su análisis reflejan que el llamado programa Comunidades Seguras no contribuye a reducir la violencia y la delincuencia en las localidades en las que se aplica. Las deportaciones, mantienen los analistas, no hacen que un lugar sea más seguro.
Comunidades Seguras fue un programa creado en 2008 por el expresidente republicano George Bush para tender redes de colaboración entre el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las loalidades que, voluntariamente, se acojan a él. El presidente Barack Obama lo suspendió en 2014 pero, en cuanto llegó a la Casa Blanca, Donald Trump lo reanudó.
Las autoridades policiales de jurisdicciones que colaboran con el citado programa contras con ICE las huellas dactilares de sus detenidos, aunque la caso del arresto sea una falta de tráfico. Si la persona es indocumentada, un proceso automatizado da la voz de alarma a la agencia migratoria. Esta, a su vez, puede enviar una solicitud de detención (detainer) para que, a la hora de poner en libertad a un indocumentado, la policía implicada lo mantenga entre rejas hasta 48 horas más. Este periodo de tiempo da margen a la agencia para recoger a la persona y proecesar su deportación.
Algunas autoridades locales se acogieron al programa desde su inicio, otras en 2013 y un último grupo de jurisdicciones lo rechazó categóricamente y se han convertid en “santuarios” de inmigrantes.
El análisis de la Universidad de California observó precisamente el comportamiento de los niveles de criminalidad en más de mil áreas en las que se ha aplicado el plan Comunidades Seguras. Y los expertos concluyeron que los lugares que habían expulsado a más inmigrantes no parecían más seguros que el resto. Al comparar los datos de deportaciones del centro de intercambio de acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse con las tasas de criminalidad del Programa de Denuncia Uniforme de Delitos del FBI, no encontraron relación alguna entre delincuencia y deportaciones.
Además, el estudio también reveló que el intercambio de información entre las agencias del orden a través de Comunidades Seguras tampoco supuso una mejora de la diligencia a la hora de resolver un crimen. Los casos de delincuencia se cerraron en una tasa similar, independientemente de la cantidad de deportaciones del lugar.