La capacidad disuasoria de los aranceles de Donald Trump a sus países vecinos ha producido un nuevor acuerdo migratorio, pero esta vez con Guatemala.
Sin embargo, a pesar de que la firma del documento que llevó a cabo la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres.
Sólo la definición ha sido polémica, el presidente de EE.UU., aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.
Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.
Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.
El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.
En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.
Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.
Problemas de forma y fondo
“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.
Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.
“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.
El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.
Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.
“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.
Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.
Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.
En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.
