La jueza María Afiuni alcanzó la libertad tras una década de horrores, durante la que no faltaron torturas (desde rociarla con gasolina a usar cuchillos contra ella) además de abusos sexuales durante su paso por la cárcel. Así lo explicó ella misma ante el tribunal que la juzgaba, que hace unos meses inventó un nuevo delito («corrupción espiritual») para mantenerla en arresto domiciliario.
Todo valía para castigar a «la presa del comandante Chávez», como se la denominó en las cortes judiciales. Fue el propio líder revolucionario quien ordenó que la encerraran por cumplir la ley en el caso que involucraba a un viejo enemigo de Chávez.
El relato de Afiuni completó lo adelantado por el demoledor informe de Bachelet: en la Venezuela revolucionaria, que se dice feminista, también se multiplican los casos de violencia sexual, denunciados por las organizaciones civiles, pero que han quedado en un segundo plano entre la selva del horror, según publica EL MUNDO.
La oficina de la Alta Comisionada señala directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Entre las agresiones físicas se han documentado tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por el pelo, además de insultos sexistas y de género. Todos ellos para humillarlas y castigarlas, además de arrancarles falsas confesiones.
«Los guardias, así como otros reclusos, ejercen presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por privilegios y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas», destaca el informe de Bachelet.
Un ‘zulo’ para mujeres
El siniestro Helicoide, una de las sedes del Sebin, «no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género. Naciones Unidas entrevistó a varias mujeres que estuvieron detenidas en el Helicoide, quienes indicaron que sólo hay una celda asignada a mujeres. Esta celda estaba superpoblada y vigilada principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las instalaciones».
La propia juez Afiuni relevó ante su tribunal cómo «a mí me llevaron al Hospital Militar y me desnudaron frente a los 30 soldados que me trasladaron ese día. Me hicieron las mamografías con soldados armados, sometidos a radiación conmigo con sus armas largas».
«Es muy importante, un primer paso que Bachelet lo haya reseñado. Levanta la voz y visualiza un tema oculto. La gente no suele reportar la violencia sexual por el estigma que todavía conlleva en Venezuela», confirma a EL MUNDO Luisa Kislinger, presidenta de Mujeres en Línea y activista de los derechos de la mujer.
En el informe también se han reportado «casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo», además de las redes de prostitución que acompañan al éxodo migratorio.
La brutalidad, «violencia sexual y de género», tampoco falta en las operaciones de captura de los presos políticos y en sus visitas a los centros de detención, como si se tratara de juguetes humanos para los agentes gubernamentales.
Los hombres no se libran de las violaciones, que se suelen realizar con palos u otros objetos, además de descargas eléctricas en los órganos sexuales. Por ejemplo, al capitán Juan Carlos Caguaripano, quien encabezó a un grupo de rebeldes contra Maduro en 2017, le desprendieron los testículos a fuerza de golpes y descargas.
En otro informe elevado ante la Corte Penal Internacional ya se adelantaron 190 torturas sexuales contra presos políticos de ambos géneros. «En 10 de los casos fueron violaciones, mientras que el resto sufrieron desde amenazas de violación a diferentes actos lascivos. Entre las víctimas hay menores hasta personas de la tercera edad», precisó la activista Tamara Suju.