La Embajada chavista de Venezuela en Madrid está en el epicentro de la polémica. La delegación internacional del dictador Nicolás Maduro aprobó y pagó, a finales de 2015, la contratación de unas obras de infraestructura por un valor superior al millón de euros (en concreto, 1.034.999,25 euros). Un proyecto que tenía por objetivo inicial cambiar el sistema de tuberías de aguas negras para cumplir con los requisitos del Ayuntamiento de Madrid.
La periodista Virginia Linares destapó la información y denunció irregularidades dentro del proceso de obras. El primer aspecto ha sido el elevado coste de las obras. “Vemos que hay muchos cabos sueltos, por ejemplo, que con un millón de euros se derrumba y vuelve a construir la residencia del embajador”, afirma en una entrevista con Periodista Digital América (PD América). En este sentido, apunta hacia la teoría de un presunto presupuesto inflado.
“He contactado a ingenieros civiles y a inmobiliarias dedicadas a las reformas. Ambas han visto la documentación y afirman que es una obra sencilla y que no debería pasar de los 15.000 y 20.000 euros”, precisa la periodista venezolana. Una situación que toma aún más relevancia cuando se conoce que existe una vinculación personal entre el dueño de la empresa y funcionarios de la Embajada de Venezuela en Madrid.
Linares explica que Pedro Miguel González Martín, dueño de Consorcio BMT, es el hermano de Milena González Martín, la asistente personal del embajador chavista Mario Isea. De esta manera se traza una línea directa que podría justificar la elección de dicha empresa por encima de otras que habían presentado presupuestos mucho más económicos (hasta 10 veces por debajo del precio pagado). No en vano, existen fotos que donde se observa al empresario en eventos sociales en la residencia de Mario Isea donde estaba presente el Ministro Consejero Julio García Jarpa (número dos de la Embajada) y a las que ha tenido acceso este diario.
Periodista Digital América (PD América) ha tenido acceso a los otros presupuestos que llegaron hasta las manos de la Embajada de Venezuela en Madrid y donde destacan por tener un valor significativamente menor. Por ejemplo, el presupuesto de BroGesCon fue de 114.762, 30 euros, mientras que el presentado por la Constructora Torrecant fue de 96.400 euros.
Los orígenes del Consorcio BMT
Los orígenes de Consorcio BMT también han despertado ciertas incertidumbres. Para la periodista venezolana resulta “al menos curioso” que Pedro Miguel González Martín constituyó la empresa tan sólo tres meses antes de lograr la concesión de las obras en la embajada chavista en Madrid y posteriormente en Londres. También le intriga que “una empresa que facture más de un millón de euros por un proyecto haya empezado con un capital social de 3.000 euros”, explica.
Linares también recuerda que Pedro Miguel González Martín cuenta con una empresa de infraestructura en Venezuela que también ofreció sus servicios al representante del chavismo Jorge Rodríguez en los años que ocupó la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El empresario también figura en dos firmas del sector petrolífero radicadas en Florida (EEUU) en las que “también se muestra un capital social mínimo”, según matiza Linares.
¿Cumplimiento de las obras?
La periodista venezolana indicó, inicialmente, que las obras de un millón de euros en la embajada y residencia venezolana no se habían realizado. Afirmaba que, según fuentes de la representación diplomática, no se habían desalojado las instalaciones en ningún momento y que no había constancia del cumplimiento del proyecto. Una afirmación que fue desmentida en algunos medios de comunicación por Pedro Miguel González Martín.
“González, ingeniero venezolano con 20 años de experiencia, aportó pruebas de que sí se realizaron las obras. De que sí hubo demoliciones. De que hubo complejos trabajos de ingeniería. Pruebas gráficas, contratos, e informes de seguimiento hechos por arquitectos españoles, también por técnicos venezolanos, así como una certificación del Ayuntamiento de Madrid que avala los trabajos”, así lo reseñaron algunos medios. Sin embargo, en la publicación no se hacía mención alguna a temas como el elevado coste del presupuesto o la vinculación familiar con miembros de la delegación diplomática del chavismo en España.
Represalias y persecución
Tras la publicación de las primeras denuncias, Virginia Linares admite que no recibió llamadas o presiones por parte de la Embajada de Venezuela. “Están en sus horas más bajas, y éste no es un problema mayor para ellos. Saben que, en cualquier momento, les toca irse”. Sin embargo, explica que “el dueño de la empresa y su familia comenzaron a seguirme en las redes sociales y no entiendo bien los motivos detrás de esa decisión. No sé si es para tener un seguimiento de las noticias o para contactar conmigo, aunque como periodista mi teléfono y contacto es de dominio público”.
En este sentido explica que “mi mayor preocupación es la represión que puedan tener los funcionarios de la embajada y la residencia, pero también es verdad que están sin sueldo y totalmente vigilados tanto dentro como fuera de su trabajo, por lo que no sé qué más persecuciones podrían padecer”.
