Perú está atravesando una importante crisis institucional. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución «constitucional» del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo parlamento. El mandatario hizo pública su decisión al considerar que el Congreso rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
Horas después de conocerse su disolución, sin embargo, el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por «incapacidad temporal». Además, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país en un nuevo ejemplo de la grave crisis abierta entre el gobierno y el Congreso. Tras estos acontecimientos, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente».
¿Por qué tomó esta decisión Vizcarra?
El gobierno peruano planteó su cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del TC prevista para este lunes en el Parlamento porque considera que este proceso no es transparente y no garantiza la división de poderes en la nación. Sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso -dominado por la oposición fujimorista y sus aliados- decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; es decir, elegir primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.
En un mensaje televisado, Vizcarra anunció que la disolución del Congreso «está dentro de las facultades contenidas» en la Constitución y que con ella «busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades». Agregó que espera que «esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país».
Las elecciones se celebrarán el 26 de enero de 2020, según se dio a conocer en un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El actual Congreso fue elegido en 2016 para un periodo que terminaba en 2021 Solo segundos antes de que Vizcarra realizara su anuncio, sin embargo, la cuestión de confianza planteada por el gobierno fue aprobada finalmente por el Congreso. Por haber realizado su anuncio después de que se aprobara la cuestión de confianza, el Congreso aseguró que la acción de Vizcarra era «inconstitucional».
¿Qué puede pasar ahora?
La Constitución de Perú contempla en su artículo 134 la facultad del presidente para disolver el Congreso «si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros». La última vez que sucedió fue en 1992, cuando el expresidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
Tras el anuncio de Vizcarra este lunes, los parlamentarios debían abandonar el Congreso por su propia voluntad o, de lo contrario, podrían ser desalojados por la policía si el presidente lo autoriza. Algunos parlamentarios ya anunciaron su intención de resistir físicamente cualquier intento de mandarlos a casa. El mismo artículo es el que contempla la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo Congreso, las cuales deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara.
Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria. Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, «el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros», se lee en la Constitución.
Tras conocerse la disolución de este lunes, los diputados no solo no abandonaron la Cámara sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses. A continuación, la vicepresidenta Mercedes Aráoz juramentó como «presidenta en funciones» del país de manera temporal.
La Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por «su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso». Sin embargo, el decreto publicado en el diario oficial del país subraya que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».