La dictadura de Nicolás Maduro recibió un duro ‘zasca medioambiental’ durante la Cumbre Mundial del Clima 2019 (COP25). Durante el evento, que se mudó de Chile a Madrid por las violentas manifestaciones comunistas, los embajadores de Juan Guaidó derrumbaron la pantomima de los representantes chavistas y expusieron la grave situación del Arco Minero y otras violaciones sistemáticas al ecosistema y a la población en la zona del Amazonas venezolano.
El embajador de Venezuela en Madrid, Antonio Ecarri, y la Comisionada presidencial adjunta para las Relaciones Exteriores y Embajadora en Francia, Isadora Zubillaga, afirmaron que «el Arco Minero del Orinoco, una zona rica en recursos minerales de aproximadamente 111.843 kilómetros cuadrados y donde habitan 16 comunidades indígenas, está siendo devastado por el Gobierno usurpador tras la extracción a mansalva de minerales como oro, diamantes, hierro, cobre, coltán y bauxita, con la única intención de obtener ingentes recursos económicos que ya no pueden obtener tras la destrucción de la industria petrolera» explican.
Según el informe «La sangrienta fiebre del oro», elaborado por Transparencia Internacional – Capítulo Venezuela, se calcula que, por cada cargamento que el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico entrega al Banco Central de Venezuela, por contrabando sale del país hasta tres y cuatro veces la carga. El contrabando es realizado por mafias compuestas por pranes, guerrilla y militares en operaciones ocultas que envían por el río o vía aérea a Curazao, Aruba, Colombia, Brasil, Turquía, Surinam y Arabia Saudita. Asimismo, la ONG venezolana Provita, que ha estudiado la biodiversidad de Venezuela durante más de tres décadas, ha denunciado que 5.266 Km2 de vegetación han sido devastados en la Amazonia venezolana, en gran parte para dar paso a operaciones mineras ilegales.
Esta situación ha traído consecuencias catastróficas para la población, denuncia también Comisionada presidencial Isadora Zubillaga. «Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada en el Arco Minero han desatado enfermedades como paludismo y malaria. El sol calienta rápidamente el agua y ya que no hay sombra de los árboles, lo que acelera el desarrollo de las larvas. La inversión en el sistema de salud para atender esta enfermedad es insuficiente, por lo que los pacientes están emigrando a países fronterizos como Brasil y Colombia en busca de tratamientos» explica y alza también la voz por «las niñas y adolescente de comunidades indígenas, que según las ONG de la zona, son vendidas o abusadas por los hombres que trabajan la minería ilegal en el estado Bolívar».
Un informe de la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru señala que las niñas y adolescentes son obligadas a tener intercambios sexuales o las venden como esclavas a cambio de gramos de oro (entre cinco y 10), «las menores son las más caras», explican. Estas prácticas derivan en altos índices de femicidios y violencia territorial.
Aunado a ello, los Embajadores Antonio Ecarri e Isadora Zubillaga exponen ante la COP25 otras graves violaciones al ecosistema en Venezuela, promovidas por el Gobierno usurpador, como los constantes derrames petroleros debido a la obsolescencia de la infraestructura petrolera, «no existen acciones de contingencia y la industria nacional no realiza ninguna inversión en gestión ambiental», que derivan en un Lago de Maracaibo biológicamente muerto en una proporción importante de su extensión. De igual manera, denuncian la salinización de acuíferos y la masiva contaminación de fuentes de agua dulce, «que repercute en la salud de la mayoría de la población que vive en las grandes ciudades. Todo esto constituye una flagrante, directa y masiva agresión al medio ambiente y una violación a los derechos humanos del pueblo venezolano» denuncian los Embajadores.
