La justicia de Venezuela y de España vuelven a encontrar una encrucijada. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista solicitó a la Audiencia Nacional España la extradición del ciudadano Miguel Donato Lo Ponte Moreno para que sea juzgado en su país por un delito de estafa.
Así se desprende de una sentencia del TSJ en la que se precisa que, tras analizar la documentación que consta en el expediente, se puso de manifiesto que en este caso, además de los requisitos de procedencia, «también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela», según recoge un comunicado del alto tribunal.
La decisión la tomó el TSJ a través de la sala de Casación Penal, con ponencia del presidente del tribunal, el magistrado Maikel Moreno, agregó la información. Presuntamente, Lo Ponte estafó a dos personas al ofrecer en venta un apartamento en Caracas situado en una urbanización del este de Caracas.
Según la versión facilitada por el TSJ, Lo Ponte dijo actuar como apoderado de su tía y supuestamente recibió un dinero por adelantado de los compradores.
Sin embargo, los compradores, al observar que «presentaba excusas a la hora de protocolizar el documento de compra-venta investigaron y constataron que la tía del sujeto había fallecido años atrás y que además el apartamento era propiedad de otra persona, quien lo recibió como herencia».
El tribunal subrayó que con esta decisión «se asume el firme compromiso ante el Reino de España, que el ciudadano requerido será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión del delito mencionado, con las debidas garantías consagradas en la Constitución» de Venezuela.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de clara mayoría opositora, no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomará el control de la cámara.
Otras extradiciones
La dictadura de Nicolás Maduro acusó a Enzo Franchini, que participaba activamente en las marchas contra el régimen bolivariano de 2017, de ser el asesino de otro joven (que no era opositor) que murió en las protestas después de una disputa callejera entre bandas de «parqueros». Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado dejar a Enzo en libertad provisional, ya que considera que participó en las protestas contra Maduro y fue testigo del horrible crimen aquel 20 de mayo, pero no lo cometió.
La resolución impide que la dictadura chavista ponga sus garras encima de Enzo Franchini, lo que le librará de posibles torturas físicas y psicológicas a las que se suelen someter a los presos políticos en Venezuela. La noticia ha caído mal entre los máximos representantes del chavismo, quienes siguen presionando a los jueces españoles para lograr la extradición del joven venezolano.
Tarek William Saab, fiscal general venezolano, afirmó en un tweet que: «#DENUNCIAMOS ante el mundo la impunidad de la #JUSTICIA española: al NEGAR LA EXTRADICIÓN A VENEZUELA de ENZO FRANCHINI presunto asesino ( en círculo y de morral amarillo ) del joven ORLANDO FIGUERA trágicamente asesinado por manifestantes violentos en Mayo del 2017″.
Sin embargo, no fue su única queja, ya que también afirmó: «El @MinpublicoVE realizó Análisis de Registros Telef, redes sociales, testimonios, pesquisas etc que evidenciaron en videos y fotos la presunta participación de Enzo Franchini en el abominable hecho: Las mismas fueron IGNORADAS impunemente por las autoridades españoñas».
