Dentro de la Administración bolivariana también habrían encontrado empleo muchos acusados de asesinatos en España
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El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que consiguió el poder por la mínima en los cuestionados comicios del 14 de abril de 2013, sigue pagando con los impuestos de los venezolanos la nómina de al menos media docena de etarras, con numerosos crímenes a su espalda.
Maduro, que ha demostrado incluso menos mano izquierda que su antecesor Hugo Chávez, ya ha tenido varios enfrentamientos verbales con el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, cuyo único error ha sido ofrecerse como mediador en la crisis política que vive el país caribeño, que ha dividido en dos la sociedad venezolana.
El presidente bolivariano instó recientemente a Margallo a que sacase «sus narices de Venezuela», aunque en paralelo su régimen ampara a medio centenar de etarras, ha colocado al menos media docena de ellos en puestos de responsabilidad de su Administración y continúa con su política de expropiaciones de sociedades y tierras, que afecta directamente a ciudadanos españoles.
Enrique Morales de ‘La Gaceta’ ha podido constatar que el etarra Arturo Cubillas Fontán, antiguo miembro del comando Oker reclamado por la Justicia española por varios asesinatos y por ser el enlace entre ETA y las FARC y que ha sido señalado en numerosas ocasiones como responsable del entrenamiento de terroristas en Iberoamérica, sigue ocupando un puesto privilegiado en la Administración bolivariana.
Después de haber sido durante varios años responsable de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), su nuevo destino es la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), una empresa pública creada en el año 2010 que gestiona la mayoría de las compañías y bienes expropiados por el régimen socialista.
Por su trabajo cobra 1.100 bolívares semanales, más que el presidente. La mercantil agrupa a una treintena de sociedades nacionalizadas, entre ellas la española Agroisleña, que ahora se denomina Agropatria.
Dentro de la Administración bolivariana también habrían encontrado empleo Asunción Arana; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, acusado de 10 asesinatos; Luis María Olalde Quintela, responsable de cuatro asesinatos; Jesús Ricardo Urteaga Repolles; y José Martín San Sebastián Aguirre, imputado en dos asesinatos, según la información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el testimonio del ex ministro de Información venezolano y ex embajador del ese país en la ONU, Diego Arria.
Arana, que llegó a Venezuela junto a Cubillas en 1989, es la viuda de José Miguel Beñarán, alias Argala, miembro del comando Txikia, que asesinó al presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco.
La miembro de ETA ha ocupado el puesto de vicedirectora del INTI con Cubillas y ahora, desde hace un año, es directora ejecutiva de la Fundación Imprenta de la Cultura, un cargo por el que cobra 2.500 bolívares mensuales, un 150% más que Maduro.
Además, en el Gobierno bolivariano también tiene un puesto relevante y de gran influencia Goizeder Odriozola, periodista y mujer de Cubillas, nacida en Venezuela, que fue directora de la revista Irrintzi -dirigida al exilio vasco- y que ha sido colaboradora de Gara. Odriozola ha sido directora general de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Tierras; también ha tenido cargos de responsabilidad en el Ministerio de Presidencia y en el de Educación cuando Adán Chávez, hermano de Hugo, era ministro.
Desde el verano de 2011 es directora general encargada de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia de la República.
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