Llama a la "rebelión nacional frente a las amenazas internacionales"
Está hecho una fiera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de llamar a una «rebelión nacional» tras la decisión sin precedentes tomada este martes 31 de mayo de 2016 por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro: activar la Carta Democrática del organismo para Venezuela, proceso que puede llevar a la expulsión del país sudamericano del organismo interamericano. (Un acorralado Maduro amenaza con disolver la Asamblea Nacional: «Perdió vigencia política»).
El recalcitrante chavista ha dado duro ante miles de seguidores:
«La Carta Democrática la pueden poner así (…) ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa, a Venezuela se respeta y a Venezuela no se le va a aplicar ninguna carta. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales».
El mandatario ve claro que la oposición, con sus gestiones en la OEA, busca una «intervención gringa» en Venezuela:
«Han pasado más allá del limite y creen que el pueblo de Venezuela se va a intimidar. La derecha internacional dio el golpe de Estado en Brasil y la OEA calló. Silencio. Ahora la OEA amenaza con intervenir el país; secretario general de la OEA: vamos a dar la batalla en la OEA y en las calles de América Latina y el Caribe».
Almagro ha pedido una «sesión urgente» del Consejo Permanente para discutir la situación política e institucional en Venezuela, invocando la Carta Democrática, un mecanismo que se activa en caso de alteración del orden constitucional.
Maduro anunció que demandará judicialmente a la directiva del Parlamento de mayoría opositora por «usurpación de funciones» y «traición a la patria», luego de que la oposición lograra que la OEA decidiera tratar la crisis venezolana.
Almagro se convierte, así, en el primer titular de la OEA en activar la Carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno, y lo hace amparándose en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización
«se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
