El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves 12 de marzo de 2015 por amplia mayoría una dura resolución sobre la situación en Venezuela en la que reprocha al Gobierno de Nicolás Maduro llevar a cabo detenciones «arbitrarias» de líderes opositores y estudiantes que se manifiestan contra sus políticas, y en la que los eurodiputados reclaman el fin de la «persecución y represión» política en el país, pidiendo la puesta en libertad de todos los opositores.
También reclaman la liberación «inmediata» de líderes opositores como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, y de todos los que han sido encarcelados por motivos políticos. En este sentido, los eurodiputados consideran que ha quedado acreditado que fueron detenidos por «ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales», por lo que instan a las autoridades a «retirar las acusaciones infundadas» contra ellos.
Mientras, piden a las autoridades venezolanas que aseguren que todos los presos políticos reciben la atención sanitaria que requieran y también que se les permite contactos «inmediatos, privados y regulares» con sus familiares y con los abogados que ellos designen.
384 frente a 75
La resolución -consensuada entre el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas (S&D) , Liberales (ALDE) y Conservadores y Reformistas (ECR)- ha reunido los votos a favor de 384 eurodiputados, frente a 75 votos en contra y 45 abstenciones. Entre esos votos en contra se encuentran los eurodiputados del grupo Izquierda Unitaria Europea, que lo engrosan partidos como Podemos, Alternativ Galega y Bildu.
Así, los cinco eurodiputados del partido de Pablo Iglesias se han ausentado del debate, pero han votado en contra de la resolución. También han votado en contra cuatro de los cinco diputados de Izquierda Unida (Ángela Vallina no ha votado hoy), la eurodiputada de Alternativa Galega, Lidia Senra, y el eurodiputado de Bildu Josu Juaristi.
En el texto el Europarlamento muestra la «preocupación» de la Eurocámara por los ataques a la oposición política durante este año especialmente, por ser año electoral. Por ello, los eurodiputados advierten de que esta situación «puede poner en duda tanto la legitimidad como los resultados» del proceso electoral.
«Un Estado democrático no debe criminalizar a los líderes de la oposición política y debe garantizar la participación de todos los sectores en la vida política del país y la protección de los Derechos Humanos de quienes se declaren parte de la oposición»,
dice la resolución, recogiendo una declaración de la organización Human Rights Watch del pasado febrero.
Detenciones violentas y torturas
El texto denuncia situaciones como la detención violenta y «arbitraria» del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; las torturas denunciadas en prisión por otro opositor, Leopoldo López; y la muerte por disparos en una manifestación de un menor de 14 años de edad.
También toman nota de que los opositores son civiles presos en cárceles militares, denuncian que se ha vulnerado su presunción de inocencia y alertan de que el Ministerio de Defensa ha autorizado el uso de armas de fuego para controlar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.
Además, los eurodiputados recuerdan al Gobierno de Maduro sus obligaciones internacionales, que debe respetar, y reclaman que cumpla la Constitución del país, ambas exigencias en línea con el respeto de la independencia de la Justicia, el derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica y el pluralismo político.
«Son piedras angulares de la democracia», advierten en el texto, en el que también subrayan la necesidad de permitir a las ONG y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos desarrollar su labor y señala a las autoridades como responsables de que así sea.
Preocupación
La Eurocámara no esconde su «preocupación» porque nuevas protestas puedan llevar a nuevos episodios de violencia que alejen aún más al Gobierno y oposición, por lo que llaman a «todas las partes y secciones de la sociedad» a mostrar «calma tanto en sus acciones como en sus palabras». «Cualquier movimiento que lleve a una atmósfera de tensión e involución podría deslegitimizar e ilegalizar la oposición democrática y/o cancelar las elecciones», alertan.
Así las cosas, la Eurocámara insta a la Unión Europea y sus Estados miembros, así como a la comunidad internacional, a «hacer declaraciones y tomar medidas» que muestren la «solidaridad» con el pueblo venezolano en estos «difíciles momentos». Si bien no hacen mención a la posibilidad de estudiar sanciones contra el Gobierno, como sí ha hecho Estados Unidos.
También reclaman a la Comisión Europea y a los 28 que «exploren y adopten cualquier medida necesaria para salvaguardar los intereses europeos» y el principio de seguridad jurídica para las empresas europeas en Venezuela.
Finalmente, encargan al Servicio europeo de acción exterior y a los 28 que «observen de cerca» las investigaciones y juicios en marcha contra líderes opositores y pide que se permita a una delegación del Parlamento Europeo desplazarse al país para evaluar la situación.
Injerencia de la derecha
Esta resolución coincide en el tiempo con la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de declarar Venezuela una «amenaza» contra la seguridad nacional estadounidense y de ordenar sanciones contra varios altos funcionarios venezolanos. Una circunstancia que el embajador de Venezuela ante la Unión Europea, Antonio García, no cree casual y que atribuye a «motivaciones políticas».
«Consideramos que representa una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y evidencia que son la derecha y la extrema derecha en la Eurocámara los patrocinadores de esta y otras resoluciones anteriores contra nuestro país, con claras intenciones políticas en un año electoral en Venezuela y en España»,
dijo García en declaraciones a Europa Press, horas antes de que se produjera el voto.
En opinión del embajador, la resolución que este jueves ha aprobado la Cámara es un intento de «utilizar» la situación en Venezuela como arma de «política interna» para los partidos conservadores, en especial en España. Y rechazó cualquier acusación de persecución o represión de los opositores.
En cuanto a la seguridad jurídica que reclama la Eurocámara para las empresas europeas, García manifestó que las compañías europeas en Venezuela operan «de manera óptima» y están «muy satisfechas, más allá de problemas coyunturales».